La solución a la informalidad en América Latina requiere un nuevo paradigma

Más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos actúan al margen de la ley

informalidad ecuador

Un vendedor anónimo en Quito, Ecuador. (Libre Razón)

Marinela Navarra, de 56 años, empuja su carreta de mangos por las calles de Quito, capital de Ecuador. Esta ha sido su ocupación desde los 30, con la cual ha logrado educar a sus hijos hasta nivel universitario.

Marinela genera US$25 de ventas en sus mejores días, monto que no compensa los $200 de multa que ha pagado al municipio por recuperar su carreta confiscada más de una vez. Ella quiere trabajar con tranquilidad y está dispuesta a llegar a un acuerdo con las autoridades.

El problema radica en que los políticos tienden a atacar a la economía informal y a quienes participan en ella, porque no cumplen con las normas estipuladas ni pagan impuestos. Esas medidas solo afectan más la situación económica de quienes no tienen otro medio de sustento y descuidan los factores que alimentan la informalidad.

Por medio de historias, como la de Marinela, y un análisis de las políticas económicas de Ecuador, el think tank Libre Razón (Lira) aborda este fenómeno desde otra perspectiva. Con el informe Rostros del Libre Comercio publicado a inicios de marzo, evidencian que los informales son víctimas de las regulaciones excesivas, la mala institucionalidad y la coerción estatal.

El documento es el resultado final del proyecto ganador en el concurso “Liberales por el Libre Comercio” de la Fundación Friedrich Naumann y la Red Liberal de América Latina, realizado en 2018. Además del informe, que redacté con Nicole Carrillo, la iniciativa contó con el apoyo de todo el equipo de Lira, que entrevistó a comerciantes informales en cinco ciudades de Ecuador y expuso sus historias mediante video y fotografía en espacios físicos de Quito y medios digitales.

Para el director ejecutivo de Libre Razón Francisco Mendoza, entender la informalidad es crucial para proponer soluciones efectivas. “Las condiciones económicas del país han hecho que el 40% de la población económicamente activa forme parte del comercio informal, convirtiéndolo en una de las principales fuentes de ingresos para dichas personas y sus familias,” dice Mendoza.

La informalidad: un síntoma en América Latina

El abogado peruano especialista en estudios de informalidad, Enrique Ghersi, define al comercio informal como la actividad sin objetivos criminales que funciona en el ámbito ilegal porque es más conveniente o el único medio viable para hacerlo. La informalidad, indica Ghersi, es una estrategia de supervivencia y surge como resultado de la ineficiencia económica.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al menos 2 mil millones de personas alrededor del mundo basan su sustento en la economía informal. Las cifras son aún más alarmantes cuando se trata de América Latina y el Caribe, donde seis de cada diez personas opera en la informalidad.

Esta actividad representa un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) de la región y más de la mitad de las ocupaciones laborales en 12 países, impidiendo el acceso a servicios financieros y la generación de riqueza. Según cifras de la OIT, Ecuador es el quinto país de América Latina con mayor informalidad con el 65% de la actividad laboral en dicha categoría. Lo superan Bolivia (77%), Nicaragua (75%), Guatemala (74%) y Honduras (71%).

 

País Informalidad
(%)
Libertad Económica

(de 180 países)

Competitividad

(de 140 países)

C. Institucional

(de 191 países)

Hacer negocios

(de 190 países)

Bolivia 77 173 105 154 152
Nicaragua 75 107 104 130 131
Guatemala 74 77 96 104 97
Honduras 71 93 101 132 115
Ecuador 65 170 86 142 118

Estas cinco naciones también figuran entre los niveles más bajos de libertad económica, competitividad, calidad institucional, percepción de la corrupción y el índice de hacer negocios. Mientras tanto, los cinco países con menor nivel de informalidad en la región —Uruguay, Costa Rica, Brasil, Chile y Panamá— también gozan de mejores resultados en los otros aspectos mencionados.

País Informalidad
(%)
Libertad Económica

(de 180 países)

Competitividad

(de 140 países)

C. Institucional

(de 191 países)

Hacer negocios

(de 190 países)

Panamá 43 50 64 54 79
Chile 39 18 33 25 55
Brasil 38 150 72 113 125
Costa Rica 36 61 55 35 61
Uruguay 24 40 53 41 94

No es una coincidencia. Al contrario, es una lamentable consecuencia de las políticas de Estados proteccionistas, populistas e irresponsables con la gestión de fondos públicos que, además, obstaculizan el comercio y el emprendimiento.

En los casos de Guatemala y Brasil, los factores que distancian sus respectivos resultados del grupo son llamativos. La nación centroamericana está sumergida en un ambiente de escasa aplicación de la ley, mucha corrupción y violencia. Tal como lo señala el informe de Lira, los grupos criminales y las mafias empeoran las condiciones de la informalidad y hacen más difícil que los negocios se formalicen.

Brasil, por su parte, implementó un programa federal en 1996 llamado “Super Simples”, reduciendo los impuestos y simplificando la tramitación para las micro y pequeñas empresas. Tres años después, la política se convirtió en legislación integral para la agilización de procesos en los ámbitos administrativos, laborales y crediticios de todos los emprendimientos y pequeños negocios. A partir de entonces, la informalidad se ha reducido drásticamente, cayendo 10 % durante la primera década.

De hecho, las políticas públicas y las legislaciones que buscan eliminar la informalidad directamente no son eficientes porque no atacan la raíz del problema. En este sentido, José Manuel Salazar, director de la OIT para América Latina y el Caribe, comentó que el más reciente estudio de la organización identificó que los cambios estructurales en las políticas de formalización de los negocios tienen mayor impacto en la reducción de la informalidad que las iniciativas de intervención pública.

Las cifras evidencian que más de la mitad de los latinoamericanos actúan al margen de la ley. Esta ilegitimidad política, como Ghersi la denomina, surge cuando ocurren graves distorsiones institucionales en las jurisdicciones. Los constantes atropellos a la propiedad privada, las altas imposiciones tributarias y los elevados costos de la formalidad en América Latina lleva a sus poblaciones a la indeseable condición de informalidad.

Como detalla el informe de Lira, los comerciantes informales no tienen acceso al ahorro ni crédito, lo que dificulta su capacidad económica de reaccionar ante emergencias o gastos ocasionales. Tampoco tienen garantizados sus derechos de propiedad y son blanco de la violencia coercitiva del Estado, dejándolos a la deriva entre la incertidumbre jurídica y la actividad criminal y extorsión de mafias o de los mismos funcionarios públicos.

La cura está en el cambio de paradigma

La persecusión a los comerciantes informales, la confiscación de su mercancía y las políticas proteccionistas para evitar la expansión de la economía informal han probado ser ineficientes una y otra vez.

Como se evidencia en los casos de América Latina, más oportunidades económicas, instituciones sólidas, regulaciones amigables con los negocios y apertura al comercio y la inversión internacionales son ingredientes claves para que más personas actúen conforme a la ley. Esto, junto con un marco laboral simple y flexible, reduce la informalidad y mejora la calidad de vida de las personas.

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Paz Gómez

Paz Gómez

Paz Gómez is the Antigua Report policy analyst. She is cofounder and academic coordinator of Libre Razón, a liberal think tank in Quito, Ecuador. She holds a bachelor's degree in international relations and political science from San Francisco University of Quito, with a minor in translation. Follow @PazenLibertad.

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