Iván Velásquez, un caudillo de la justicia

La causa que Velásquez defiende no es la justicia, sino impunidad para las guerrillas comunistas

Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, junto con la ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana. (Prensa Libre)

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El caudillismo latinoamericano, esa admiración romántica hacia el líder político que se solidariza con el pueblo, históricamente ha otorgado atribuciones sin límite a los gobiernos de turno. Ha permitido quebrantar instituciones básicas para el desarrollo de democracias liberales, como el Estado de derecho, los pesos y contrapesos, y hasta la protección a la propiedad privada.

La añoranza por autoridades “de mano dura” que peleen por justicia social por los menos favorecidos o en contra de los más ricosha creado en América Latina populismos, corrupción, instituciones débiles e inestabilidad económica. Como si no fuera suficiente, ahora peligran la igualdad ante lal ley y el debido proceso en manos de Iván Velásquez, exmagistrado colombiano y actual encargado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien se ha convertido en un caudillo de la justicia.

A pesar de que se le adjudican logros en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la corrupción, distintas irregularidades procesales y su conexión con personas comprometidas con la justicia manchan su trayectoria. Y, como si se tratara de un político que ocupa cargos de elección popular, acarrea aficionados y opositores tanto en Colombia como en Guatemala mientras mantiene el timón de su gestión hacia la izquierda.

Más alarmante aun, evidencias y testimonios señalan a Iván Velásquez como secuaz de las guerrillas marxistas-comunistas de Colombia antes de liderar la comisión anticorrupción de la ONU, protegiéndolas en varios casos judiciales, escondiendo pruebas y construyendo otras, prácticas que se saltan el debido proceso. Los relatos del pasado de Velásquez toman fuerza e importancia cuando varias organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, como la Liga Pro Patria, han denunciado patrones similares en su forma de proceder durante la dirección y gestión en la CICIG.

Velásquez se describe a sí mismo como un defensor de la justicia y señala que desde su juventud fue activista por los derechos humanos, sin más detalles. Óscar Platero, analista guatemalteco, mencionó a Antigua Report que Velásquez en realidad fue militante de izquierda en las células juveniles adscritas a Unión Patriótica. Este partido político colombiano era la propuesta legal de varios grupos guerrilleros, entre ellos dos frentes desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uno de los vínculos más fuertes de Velásquez con Unión Patriótica fue el activista e intelectual Heliodoro Rojas Olarte, a quien Velásquez considera una gran influencia en su carrera y vida. En una entrevista para estudiantes de derecho de su mismo universidad, Velásquez cuenta que tuvo una relación estrecha con él durante el bachillerato y los primeros años de jurisprudencia, por ser su profesor y gestor de círculos de lectura.

Ocultar su militancia tras la etiqueta de “activista por los derechos humanos”, según relata Platero, le permitió a Velásquez ejercer como procurador departamental de Antioquía desde 1991 hasta 1994. En ese cargo, Velásquez ya tuvo una plataforma útil para apoyar a sus “compañeros ideológicos”.

Como procurador, consolidó una instancia permanente de derechos humanos para investigar y atender casos relacionados a la tortura y al abuso cometido por fuerzas antiguerrilla. Durante este periodo, Velásquez también reveló que el capo del narcotráfico Pablo Escobar y su equipo estaba viviendo cómodamente en una lujosa prisión, de la que luego Escobar escapó. El escándalo de la cárcel La Catedral salpicó a algunos funcionarios de la justicia. Velásquez no solo no fue relacionado, sino que protagonizó las conversaciones y posterior captura de Escobar en 1993.

En 1996, Iván Velásquez fue nombrado magistrado auxiliar en el Consejo de Estado. Pero un año más tarde, el fiscal general colombiano Alfonso Gómez Méndez —conocido como el “narco fiscal” por sus relaciones con las FARC— lo nombró Director Regional de Fiscalías de Medellín.

Según Platero, “Gómez Méndez escogió a Velásquez para este cargo por su conocido activismo ligado a las FARC y a la guerrilla colombiana”. En este cargo, su cometido principal fue emprender una lucha frontal contra las organizaciones paramilitares conocidas como autodefensas. Por lo tanto, su segunda obra maestra para construir su imagen de caudillo consistió en una investigación sobre el paramilitarismo, que había movido cerca de US$9 millones en pocos años mediante 43 empresas de dos departamentos colombianos y 495 cuentas bancarias.

La mayor injerencia en la administración de la justicia por parte del actual comisionado de la CICIG, sin embargo, toma fuerza en 2000, cuando Iván Velásquez es nombrado magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en Colombia.

La justicia colombiana permitió desde 2005 el uso de bases testimoniales como razón suficiente para condenar, y no tomó mucho tiempo para que un grupo de jueces saque provecho de esto. El periodista colombiano de Periodismo sin Fronteras, Ricardo Puentes Mello, bautizó con el nombre de “El Cartel de la Toga” a quienes utilizaron testigos falsos y montaron evidencia para complacer al poder oculto de las guerrillas y perjudicar a sus enemigos o quienes amenazaban su impunidad.

De acuerdo a Puentes Mello, el Cartel de la Toga no solo vivía de favores y chantajes, sino también de altas sumas de dinero. Puentes Mello explicó su funcionamiento para Antigua Report: “Si se es un juez de circuito, o de conocimiento de penas, o un juez de Distrito, las sentencias tienen un precio. El precio para un fallo en la Corte Suprema de Justicia era de un millón de dólares.”

Las investigaciones identificaron a diversos miembros de este grupo, entre ellos dos expresidentes de la Corte Suprema que actualmente cumplen sus condenas en prisión. Velásquez también “fue investigado por posibles irregularidades dentro de sus funciones como magistrado auxiliar”, comenta Felipe Fernández, reportero del PanAm Post en Colombia, “pero fue absuelto de la investigación al no encontrarse excesos”.

A pesar de que Velásquez nuevamente salió inmune de este escándalo, también lo relacionaron con prácticas similares dentro de la comisión de investigación de la parapolítica que dirigió desde 2006 hasta 2012.

El caso del exsenador conservador Ciro Ramírez Pinzón, por ejemplo, levanta sospechas que involucran a Velásquez con la creación de testimonios falsos. Luego de escuchar a un testigo, Ramírez Pinzón fue señalado como parte de la parapolítica. No obstante, el testigo negó su primer testimonio y, en lugar de tomar acciones legales por omitir la verdad ante los jueces, la Comisión le dio la oportunidad de rectificar su declaración.

La senadora María Fernanda Cabal hizo mención a Antigua Report sobre unas grabaciones de paramilitares que salieron a la luz, donde cuentan que Velásquez se reunió con ellos para tomar unos tragos y poder sacar algún testimonio. “Pero él no estaba permitido hacer eso por su cargo como magistrado auxiliar de la Corte Suprema. Con esas acciones, estaba disminuyendo sus estándares y perdiendo credibilidad”, comentó la senadora.

Cabal también recuerda que era curioso que organizaciones de extrema izquierda visiten a los paramilitares en las cárceles y graben videos de los prisioneros y que, dos días después, Velásquez también acuda a las prisiones. “Era algo muy sospechoso”, cuestiona Cabal, “porque prácticamente estaba tratando de legalizar la evidencia recogida días antes”.

Una foto de 2011 que circuló por varios medios de comunicación impresos y digitales también cuestionó la objetividad del exmagistrado. Velásquez se muestra al lado de León Valencia, exguerrillero del ELN, Iván Cepeda y Claudia López, senadores de izquierda apoyados por guerrillas colombianas, y Natalia Springer, politóloga acusada de mantener negociaciones millonarias con la Fiscalía General.

Otro factor que pone en tela de duda su proceder ideológico es su estrecha relación con Gustavo Petro, exguerrillero del M19, exalcalde de Bogotá y reciente candidato presidencial. Petro, durante su alcaldía, nombró a Velásquez asesor de la defensa jurídica de Bogotá en 2012, e incluso lo sugirió como binomio para su candidatura presidencial de 2018.

Puentes Mello señaló a Antigua Report que Velásquez se unió a Petro ya mucho antes “para llevar a un falso testigo (Juan Carlos Meneses) para que testificara ante Pérez Esquivel supuestas atrocidades de la ‘extrema derecha’ contra líderes de izquierda en Colombia”.

Oscar Platero también expone en un escrito esta larga relación. Comenta que Velásquez intervino dentro de la administración de la justicia para limpiar de cargos a los miembros del M19, incluido Petro, por la toma del Palacio de Justicia en 1984.

Asimismo, Platero indica que impuso penas en contra de oficiales militares colombianos que lideraron la recuperación del Palacio. El coronel Alfonso Plazas Vega, a cargo de esa misión, relata desde el exilio su experiencia y cómo terminó en prisión por irregularidades en las investigaciones de la toma del Palacio.

Quedan muchos más casos por contar que desmienten la heroicidad de Velásquez, así como muchos colombianos todavía exigen respuestas y una investigación profunda a sus acciones. Queda claro que el proceder del exmagistrado deja cabos sueltos y omite la indagación y el enjuiciamiento de sus compañeros ideológicos. La objetividad y la rectitud son imperativas en todo momento para un funcionario de la justicia, y no hay pretexto para las irregularidades con las que se le relaciona.

Tal como un caudillo político, la opinión pública latinoamericana, particularmente en Guatemala, pretende rescatar solo lo bueno de Velásquez. Mientras tanto, esconde la larga lista de aspectos negativos, asumiendo que más importa valorar sus aportes a la lucha contra la corrupción así hayan representado faltas al debido proceso.

No obstante, recordemos que el debido proceso nos permite ser iguales ante la ley y defender nuestros derechos y libertades, por lo que debería ser inviolable para todos, incluso para el ‘quijote de la justicia’, como llama Petro a Velásquez.

Paz Gómez
Paz Gómez is the Antigua Report policy analyst. She is cofounder and academic coordinator of Libre Razón, a liberal think tank in Quito, Ecuador. She holds a bachelor's degree in international relations and political science from San Francisco University of Quito, with a minor in translation. Follow @PazenLibertad.

5 Responses so far.

  1. Paola says:

    Porque EEUU apoya a Ivan si camina hacia la izquierda?

    • Fergus Hodgson Fergus Hodgson says:

      Because leftists have taken over the US State Department.

      • IF says:

        “Leftists”? The State Department is conservative Republican in the Trump administration. You can’t get more anticommunist than the Republicans.

        Paola, excelente pregunta. La idea de que Ivan Velásquez es communista la plantó el expresidente Álvaro Uribe quien trata de desprestigiarlo cada vez que puede porque también estuvo bajo investigación y es su enemigo mortal. Y sólo busque quién es este Oscar Platero, un militar de ultra derecha que está trabajando para que el Ejército de Guatemala retome el poder.

        • Fergus Hodgson Fergus Hodgson says:

          Have you heard of something called the deep state? How about holdovers?

          (1) We are talking about career bureaucrats, and (2) the GOP is hardly anti-communist. It is a overrun with RINOs.

  2. roberta says:

    Este senor Ivan velasquez, si comparte la ideoloia de izquierda. Y es parcializado.
    Igual que cepeda se les ve el odio en los ojos

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