Si Ecuador ganara a Chevron, aún pierde

La batalla legal no promete la adecuada compensación a las comunidades afectadas

La ambientalista Alexandra Costeau collaboró conn la campaña "Mano Sucia de Chevron" impulsada por el gobierno de Correa. (Cancillería del Ecuador)

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La disputa legal entre Chevron y un grupo de indígenas ecuatorianos ha sido uno de los casos más largos y costosos en la historia de nuestro país, siendo el de mayor cobertura mediática internacional. A pesar de los intensos procesos legales por 24 años, las autoridades ecuatorianas no están satisfechas por la falta de resultados. Las cortes de Estados Unidos negaron su última apelación, por lo que los funcionarios ecuatorianos buscan nuevos frentes para sancionar a Chevron, sin importar el costo que implique a sus contribuyentes.

El conflicto inició cuando las comunidades indígenas afectadas demandaron a Texaco — actual sudsidiaria de Chevron  — en 1993. Presentaron el caso ante una corte de Nueva York y declararon que la compañía contaminó la zona donde ellos viven durante la operación de Texaco en la amazonía ecuatoriana. Sin embargo, Chevron solicitó que el juicio se realice en el país donde ocurrieron los hechos.

A partir de ahí, la historia ha dado varios giros entre procesos judiciales en cortes ecuatorianas y en cortes extranjeras. Si bien el litigio inició como una acción de particulares, las acciones posteriores y el impulso del ex presidente Rafael Correal hicieron al estado ecuatoriano el protagonista político detrás del juicio.

Ecuador ha gastado como mínimo $178 millones por los procesos judiciales correspondientes: $40 millones en los casos Chevron II y III, $26 millones en honorarios de la firma jurídica Winston Straw y $112 millones por el fallo del sistema judicial estadounidense para indemnizar a Chevrón por falta de celeridad judicial. Si consideramos las campañas anti Chevron, que incluyen un libro y un documental, la cuenta suma otros $6,4 millones.

Las posibilidades de recuperar esa cantidad de dinero mediante fallos judiciales en cualquier parte del mundo son escazas. La Corte Constitucional del Ecuador,  última instancia en la cual se revisará la sentencia en contra de Chevron, aún no dicta su fallo. Mientras tanto, el 19 de junio de este año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el pedido de la comunidad de indígenas ecuatorianos de obligar a Chevron el cumplimiento de la sentencia emitida por las cortes ecuatorianas inferiores.

Chevron ha tomado ventaja con todas las estrategias disponible para evitar el fallo de Ecuador y prolongar el litigio. Esto incluye el descubrimiento de hechos de corrupción cometidos por abogados y autoridades ecuatorianos y la innecesaria intromisión de Correa. Estos hechos llevaron incluso al principal financista de la demanda en contra de Chevron, Russell DeLeon, a abandonar el caso.

La penosa realidad es que ni la remediación ambiental ni las indemnizaciones a las comunidades afectadas han llegado aún. Al contrario, una de las campañas en contra de Chevron mostraba a Correa sumergir su mano en un campo con restos de crudo, en la actualidad. Malformaciones en bebés y cáncer son sólo dos ejemplos del costo humano que la contaminación petrolera trajo a las comunidades. Ellos continúan reclamando justicia, pero la ayuda podría demorar décadas en llegar debido a la distracción de la ineficiente batalla legal, la cual puede acarrear gastos en honorarios para Chevron pero pocos resultados a favor de Ecuador .

La Ley de Hidrocarburos ecuatoriana determina que todos los yacimientos de petróleo pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del estado. Solamente el estado puede gestionar contratos petroleros directamente o a través de empresas a quienes se les otorgue una concesión temporal. Hace poco tiempo, el gobierno invitó a 70 inversionistas privados nacionales y extranjeros para participar en la producción de crudo en campos menores; la licitación ya se encuentra en proceso.

La disputa con Chevron fue una lección sobre las irregularidades en la justicia ecuatoriana y en la antigua informalidad de la celebración de los contratos. El contrato original de concesión de tierras del Ecuador a favor de Texaco carecía de cláusulas claras de protección ambiental.

Hemos aprendido por la experiencia que, a pesar de la poca motivación por poner fin a un caso judicial de varias décadas, el desarrolllo industrial en el país no se ha limitado ni reducido. Podemos ver que el sector petrolero sigue atrayendo a la inversión, incluso con la caída del precio del petróleo.

Alexandra Veloz
Alexandra Veloz is an attorney based in Quito, a member of the Ecuadorian Bar Association, and the legal counsel for Antigua Report. She is a partner with AFN Abogados and a founding partner of Biz Legal. She specializes in business law: contract negotiation, offshore incorporation, international trade, insurance claims, and real estate. She holds a Juris Doctor from the University of the Americas, a Graduate Diploma in Corporate and Business Law from the Andean University of Simón Bolívar, and a Master of Conflict Mediation from Barcelona University in Spain. She is bilingual and studied English at Loyola University in New Orleans, Louisiana.

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